Violencia de género en un contexto de migración: un estudio de caso de Norte de Santander

Introducción

El Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander se estableció en 2019. Con sede en Cúcuta, una ciudad en la frontera noreste de Colombia con Venezuela, su objetivo es generar información y análisis cualitativos y cuantitativos en materia de género para contribuir al cambio social y político regional hacia la igualdad. Su investigación se centra en la violencia de género, la participación política, la autonomía económica, los problemas fronterizos y la migración, los derechos sexuales y reproductivos y la trata de personas. El Observatorio ha publicado cinco informes sobre la participación política de las mujeres en las elecciones locales de 2019, la violencia de género y la seguridad desde una perspectiva de género.

Violencia de género

Entre enero y diciembre de 2021 nuestra investigación identificó a 830 víctimas de violencia de género en Norte de Santander: 29 % de Venezuela y 71 % de Colombia; de estas, el 24 % pertenecían a la población LGBT, principalmente personas transgénero y bisexuales. Alrededor del 68 % de los casos ocurrieron en Cúcuta, la capital de Norte de Santander, el 8 % en Venezuela y el 4 % en pasos fronterizos ilegales controlados por grupos armados. Los casos restantes ocurrieron en otros municipios, principalmente en zonas fronterizas como Tibú, Villa del Rosario y Los Patios. El 96 % de las víctimas sufrió violencia psicológica, el 88 % sufrió violencia sexual, el 79 % registró violencia física y el 44 % padeció violencia económica. Las personas venezolanas representaron el 40 % de las víctimas de violencia económica, el 32 % de las víctimas de violencia física, el 31 % de las víctimas de violencia sexual y el 30 % de las víctimas de violencia psicológica. El Observatorio también señaló que solo el 22 % de las víctimas denunció los incidentes a las autoridades y solo el 15 % accedió a servicios de salud para tratar el trauma.

El último informe del Observatorio aporta datos sobre la violencia que sufren mujeres y personas LGBT caminantes o migrantes a pie. Migrantes caminando a destinos nacionales e internacionales, a veces individualmente o en grupos. Estas representan el 5 % de las víctimas registradas en el estudio, de las cuales el 85 % experimentó violencia económica, en su mayoría relacionada con sobornos pagados a funcionarios policiales en Colombia, agentes de la guardia nacional en Venezuela y grupos armados ilegales. Un porcentaje similar (84 %) sufrió violencia psicológica relacionada con agresiones xenófobas o ataques de sus parejas; el 74 % y el 73 % también sufrió agresiones físicas y sexuales, respectivamente. Las mujeres y las personas LGBT venezolanas experimentaron estos tipos de violencia en casa o en sus comunidades, y en algunos casos esta fue una de las razones para abandonar el país. Al ingresar a Colombia por pasos fronterizos, la mayoría de ellos ilegales, estas personas sufren de nuevo violencia a manos de grupos delictivos armados que piden sobornos y, en muchos casos, violan, torturan, matan o «desaparecen» a mujeres. Los puntos fronterizos oficiales están abiertos a los migrantes a pie y al tráfico comercial. Sin embargo, las mujeres transgénero migrantes han advertido a las organizaciones locales que los oficiales de la guardia nacional venezolana les impiden cruzar el puente internacional Simón Bolívar. Según ellas, incluso después de mostrar los registros de salud y las citas médicas como el motivo para ingresar a Colombia, los oficiales las obligan a usar rutas ilegales donde corren un alto riesgo de agresión sexual y asesinato a manos de los hombres armados que controlan los pasos fronterizos.

Una vez en Colombia, la combinación de los prejuicios de género y xenófobos tiene un efecto directo en las vidas de las mujeres y las personas LGBT venezolanas. Las víctimas entrevistadas han sufrido exclusión social, por lo que muchas mujeres se han visto obligadas a prostituirse y a realizar trabajos sexuales para que alcance el dinero para ellas y sus familias, además de padecer la negación de los derechos humanos básicos (especialmente en cuanto a salud, educación y seguridad) y mayores riesgos de explotación sexual.

La violencia debe ser vista como un patrón de actos que surgen antes, durante y después de la migración, abarcando entornos domésticos, espacios públicos, oficinas institucionales y servicios de salud. Para las mujeres transgénero venezolanas, establecerse en Cúcuta significa que probablemente sus únicas opciones sean el trabajo sexual o vender drogas en la calle. El ciclo de violencia las empuja hacia los límites de la legalidad, donde el Estado las trata como delincuentes, y no como víctimas vulnerables.

Trata de personas

El tercer informe del Observatorio analizó varias rutas utilizadas por los migrantes, incluido el corredor humanitario de Los Patios, donde se miente a las mujeres menores de edad y se les dice que tendrán ofertas de trabajo como vendedoras ambulantes en Cúcuta, pero luego son explotadas sexualmente. En el camino de Cúcuta a Bucaramanga, hombres armados agarran a las mujeres para agredirlas sexualmente y explotarlas. Las altas montañas del Páramo de Berlín presentan riesgos de hipotermia y de trata de personas con fines de explotación sexual para las mujeres a manos de hombres armados, Luego de entrevistar al personal de diferentes organizaciones humanitarias que trabajan en el Páramo, la conclusión común es que aún se desconoce quiénes son estos hombres o si están afiliados a grupos armados ilegales. Algunos funcionarios mencionaron que podría ser una pandilla de ciudadanos de Bucaramanga, pero esto es incierto debido a la falta de información corroborada. bajo la justificación de que los venezolanos tienen prohibido viajar a Bucaramanga. Desde Bucaramanga hasta San Gil, las mujeres caminantes son capturadas por grupos armados ilegales para la trata de personas con fines de explotación sexual y trasladadas a territorios bajo su control en el departamento de Bolívar.

Según las autoridades, entre 2019 y 2020 la trata de personas aumentó un 267 %. Las condiciones estructurales en Norte de Santander, incluidas las altas tasas de pobreza y desempleo y la presencia de una gran variedad de grupos ilegales, desde guerrillas de izquierda hasta bandas delictivas transnacionales y cárteles mexicanos de tráfico de drogas, crean un terreno fértil para el delito, en especial la trata de personas con fines de explotación sexual. Las mujeres migrantes indocumentadas están siendo engañadas con falsas promesas de trabajo y buenos salarios como criadas y camareras en hogares, restaurantes y salones de billar. En cuanto empleadas domésticas que viven en la casa donde trabajan, las mujeres pueden trabajar desde las 4:00 hasta las 23:00 y sufrir explotación laboral, agresión psicológica y abuso sexual por parte de miembros de la familia. Asimismo, se les quitan sus teléfonos móviles y solo se les permite salir de la casa por unas pocas horas, bajo una fuerte vigilancia. En las salas de billar, las camareras son obligadas a tener relaciones sexuales con los clientes. Como migrantes indocumentadas, las mujeres se ven obligadas a soportar la explotación en el trabajo a causa de la amenaza de ser denunciadas a las autoridades. Varias mujeres dijeron al Observatorio que, cuando hablaban con la gente en su país de origen sobre sus condiciones de trabajo, la respuesta era que deberían estar contentas de al menos tener un trabajo. Las costumbres xenófobas y patriarcales imponen las expectativas que las mujeres migrantes tienen en Colombia, justificando a los ojos de muchos la explotación sexual o laboral como consecuencia de la trata de personas.

Curiosamente, no hay informes o datos disponibles en todo el país respecto a las víctimas LGBT. Actualmente el Observatorio está liderando un proyecto de investigación, con Caribe Afirmativo y Avocats Sans Frontières de Canadá, para la elaboración del primer informe nacional sobre víctimas LGBT de trata de personas. La investigación se está llevando a cabo en Antioquia, Santander y Norte de Santander, ya que es más fácil acceder a la información en estos departamentos que en otros territorios. El proyecto espera publicar sus conclusiones en marzo de 2022. Los retos identificados hasta ahora incluyen la falta de información documentada en general. Los departamentos de Antioquia y Santander ofrecieron informes oficiales desactualizados con poco análisis. Norte de Santander tenía una variedad más amplia de información producida principalmente por organizaciones de la sociedad civil nacionales y locales, mientras que el gobierno local no ha elaborado ningún informe público. Ninguno de los informes incluyó datos sobre víctimas LGBT, y no hay números específicos más allá del género/nacionalidad. Los funcionarios públicos entrevistados en los tres departamentos no tenían informes recientes sobre víctimas LGBT; en Norte de Santander, por ejemplo, el número actual de víctimas LGBT es oficialmente cero. Esto obviamente no refleja la realidad que enfrentan las mujeres transgénero y los hombres homosexuales en el departamento.

Conclusión

Norte de Santander constituye un contexto social complejo para la protección de los derechos humanos en general, y de los derechos de las mujeres, los migrantes y la población LGBT en particular. Las experiencias de violencia de género muestran que existe una crisis humanitaria en el departamento, alimentada por el conflicto armado interno, la difícil gestión binacional de los flujos migratorios, el fracaso de la guerra internacional contra las drogas y la pobreza que enfrentan la mayoría de las personas. Aunque el Observatorio es la única organización que actualmente trabaja en investigación y producción de datos en materia de género en el departamento, no lo hace solo, ya que siempre ofrece información clave a las instituciones gubernamentales locales y a las organizaciones internacionales y nacionales que brindan asistencia.

Una recomendación central de nuestros informes es la necesidad de una política migratoria feminista basada en la protección de los derechos humanos y en un análisis interseccional. Esta política debe abordar:

1. La desmilitarización de las comunidades donde viven los migrantes, ya que se ha comprobado que es una estrategia infructuosa para resguardar la seguridad, pone a las mujeres migrantes y a la población LGBT en riesgo de violencia y exacerba los prejuicios xenófobos al vincular a la población venezolana con la delincuencia.
2. El fortalecimiento de los mecanismos de regularización, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ya que la carencia de documentos ha demostrado ser un obstáculo constante para la protección de los derechos humanos de los migrantes, especialmente para migrantes mujeres y LGBT.
3. Un paquete de derechos humanos básicos garantizados para los migrantes indocumentados, que incluya acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y asistencia psicológica y legal para las víctimas de la violencia de género y la trata de personas.
4. El restablecimiento de la cooperación bilateral entre los países para afrontar y evitar la exclusión, la violencia, la trata de personas y la impunidad durante la migración.
5. La lucha contra la xenofobia y los prejuicios, empezando con los funcionarios públicos.
6. La reforma de las estrategias antidrogas, ya que la prohibición ha intensificado el conflicto y el control armado en comunidades vulnerables (la mayoría de ellas con una alta presencia de migrantes), alimentando la creación de bandas delictivas transnacionales entre Colombia y Venezuela, como La Línea y El Tren de Aragua.

Las oficinas gubernamentales han sido informadas sobre esta propuesta a través de eventos públicos y documentos. Sin embargo, esta conversación es aún difícil ya que Colombia no tiene ni siquiera una política migratoria básica, y la crisis humanitaria se maneja en gran medida a través de políticas de seguridad, lo que implica una mayor presencia de fuerzas militares y policiales en la frontera y en las comunidades de migrantes. Los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil tienen una aceptación más amplia, ya que muchas, como De Justicia, también están presionando por una política migratoria basada en los derechos humanos. En Cúcuta, esta es una discusión permanente liderada por el Observatorio, con menciones frecuentes en artículos periodísticos, programas de televisión, eventos públicos y redes sociales. No obstante, el mayor desafío está en Bogotá y otras ciudades que no comparten fronteras con Venezuela. En cuanto organización de investigación, es nuestro deber utilizar nuestra información, datos y análisis durante las elecciones legislativas y presidencial de 2022 para lograr que el enfoque feminista de la gestión de la migración se vuelva fundamental para la toma de decisiones en el futuro.

Adriana Marcela Pérez Rodríguez es cofundadora y directora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander en Cúcuta (Colombia).