Salvar vidas y proteger a las mujeres: salud sexual y reproductiva como parte fundamental de la respuesta humanitaria

Hasta hace unos años, Venezuela gozaba de tasas de crecimiento económico y desarrollo social superiores a las de la mayoría de los países de la región. Una combinación de problemas políticos y económicos y de sanciones internacionales ha generado una crisis profunda, con recortes drásticos en el gasto público que afectan el acceso a los alimentos, los servicios esenciales, como la atención sanitaria, el agua y el saneamiento, la educación y el gas, el combustible y la electricidad. La prolongada contracción económica y la hiperinflación han provocado que más de 5 millones de personas abandonen el país.

Los flujos migratorios son muy variados, entre ellos, los que tienen intención de irse, los que se repatrían y los que van y vienen. El cierre oficial de las fronteras con los países vecinos ha obligado a las personas que se desplazan a utilizar rutas irregulares, lo que dificulta los controles epidemiológicos, limita la supervisión de los flujos y aumenta los riesgos de protección, con un impacto diferenciado en las mujeres y las niñas víctimas de diversas formas de violencia de género.

La atención de las mujeres víctimas de violencia sexual constituye uno de los componentes del Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) para la Salud Sexual y Reproductiva en Situaciones de Crisis. El PSIM forma parte de una serie de actividades cruciales para salvar vidas como respuesta a las necesidades de salud sexual y reproductiva de las poblaciones afectadas al inicio de una crisis humanitaria. Estas necesidades a menudo no son consideradas, conllevando consecuencias posiblemente mortales. El PSIM ha sido desarrollado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, en colaboración con otras partes interesadas, apoya la implementación del PSIM Véase el Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) de Salud Sexual y Reproductiva en Situaciones de Crisis (Fondo de Población de las Naciones Unidas). para garantizar que todas las poblaciones afectadas tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva vitales. Los objetivos clave de la implementación son que no haya necesidades insatisfechas respecto a la planificación familiar, que no se produzcan muertes maternas evitables y que no se ejerza violencia de género o alguna práctica perjudicial, incluso durante las crisis humanitarias.

El Plan de Respuesta Humanitaria en Venezuela comprende 1,6 millones de mujeres y niñas que necesitan protección contra la violencia de género, muchas de ellas en situación de desplazamiento dentro de Venezuela o a través de la frontera. Si bien las mujeres y las adolescentes en toda Venezuela han sufrido tradicionalmente la endemia de violencia de género por parte de sus parejas y otros familiares, la crisis humanitaria ha dado lugar a formas de violencia de género multidimensionales y sin precedentes. La información obtenida directamente de las mujeres y las niñas indica que la violencia sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual y la esclavitud sexual son algunas de las violaciones más comunes a las que se enfrentan las mujeres y las niñas.

Cuando se producen emergencias y se activa la respuesta humanitaria, el objetivo principal es salvar vidas, proporcionar protección y «no hacer daño». La atención de la salud sexual y reproductiva, así coma la violencia de género constituyen una parte esencial de esta respuesta. El punto de partida es tan sencillo como efectivo: una mujer embarazada tendrá a su bebé tanto si las condiciones para el parto son adecuadas o no. Tendrá a su bebé en medio de un terremoto, una avalancha de lodo o una inundación, o en la carretera en camino hacia otro país. En todas estas circunstancias, el personal humanitario debe estar preparado para garantizar que los partos sean seguros y que ninguna mujer pierda su vida al dar vida.

María Angélica, menor de edad, fue atacada y violada en un camino fronterizo cuando viajaba a pie hacia Colombia con su madre. Afortunadamente, pudo recibir tratamiento en un centro de salud. Pero los servicios de salud sexual y reproductiva no siempre salvan vidas de forma tan evidente. Alejandra, una mujer de 32 años de Puerto Piritu, en el estado de Anzoategui (Venezuela), afirma: «Siempre digo que ser capaz de evitar más embarazos me salvó la vida. Tengo dos hijos de embarazos de alto riesgo. El médico dijo que en el próximo podría morir. Hace dos años me pusieron un implante (anticonceptivo) y hasta ahora todo va bien, no he tenido más embarazos». Cuando una crisis pone a las mujeres en la situación de tener que elegir entre comprar alimentos o comprar anticonceptivos, recibir anticonceptivos como parte de la ayuda humanitaria es tan importante como recibir alimentos.

Un embarazo no deseado en medio de una crisis no solo es muy difícil para la madre y el bebé, sino que también puede poner en peligro el futuro de la mujer durante años, limitando su capacidad para conseguir un trabajo o tomar decisiones sobre su vida y su futuro. Marisol, que se enfrenta a un embarazo no deseado que se produjo debido a la escasez de suministros anticonceptivos, nos dijo: «No pensé que quedaría embarazada, fue algo ocasional. No puedo criar a un hijo en esta situación. Ahora tendré que tomar malta hervida con algunas hierbas u otras opciones que me dijeron que funcionan para interrumpir el embarazo». Esta desesperada elección y otras prácticas inseguras e ilegales que a menudo se llevan a cabo de forma clandestina suponen una probabilidad muy alta de acabar en una complicación, que pone en riesgo la vida de las mujeres que no pudieron evitar el embarazo por no tener acceso a anticonceptivos modernos. Ofrecer información sobre planificación familiar y sobre opciones y dispositivos anticonceptivos modernos es clave para evitar que mujeres como Marisol tengan que poner en riesgo sus vidas de esta manera.

En Venezuela, donde la actual crisis humanitaria también ha afectado gravemente el empoderamiento económico de las mujeres y las niñas, el brote de COVID-19 ha generado un aumento de la violencia de género y otras vulnerabilidades económicas y de protección. Como consecuencia, un gran porcentaje de mujeres y niñas han recurrido a mecanismos de afrontamiento perjudiciales, como la prostitución de supervivencia o matrimonios rápidos y tempranos, y en algunos casos forzados, así como la prostitución forzosa. Las mujeres y las adolescentes que dependen del sector informal para obtener su propio sustento corren un mayor riesgo de explotación y abuso sexuales.

Las restricciones a la movilidad impuestas como respuesta a la COVID-19 han generado para las mujeres y las niñas un mayor riesgo de violencia por parte de la pareja y otras formas de violencia doméstica, incluido el femicidio. Según el observatorio del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), los medios de comunicación informaron acerca de 103 casos de femicidio entre junio y noviembre de 2020. En el contexto venezolano, la violencia de género se ha vuelto normal y es aceptada por las comunidades. Se necesitan estrategias innovadoras para fomentar la conciencia sobre la violencia de género y ayudar a prevenirla y mitigarla, mientras que al mismo tiempo deben promoverse cambios sociales y de comportamiento para ayudar a erradicar las actitudes y prácticas que perpetúan la violencia y las desigualdades de género y para fortalecer la capacidad de la comunidad para prevenir y mitigar la violencia de género.

Unas 60 organizaciones nacionales e internacionales forman parte del Área de Responsabilidad de Violencia de Género liderada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela. Las actividades de esta Área de Responsabilidad se rigen por los Estándares Mínimos Interagenciales para la Programación sobre Violencia de Género en Emergencias. El estándar número uno, Principios Rectores sobre Violencia de Género, es el primero de los tres «estándares fundamentales» que sustentan todos los programas de violencia de género, y señala el mayor riesgo que corren las mujeres y las niñas debido a la discriminación y otros obstáculos para el acceso y brinda orientación sobre la manera de trabajar con sobrevivientes de abuso sexual. El segundo estándar fundamental se centra en la participación y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y ofrece orientación para superar las limitaciones, garantizar su participación e involucrar a hombres y niños. El tercero se centra en el cuidado y apoyo del personal.

Diez estándares programáticos consideran: la atención de salud para sobrevivientes de violencia de género; el apoyo psicosocial; la gestión de casos de violencia de género; los sistemas de remisión; los espacios seguros para mujeres y niñas; la seguridad y mitigación de riesgos; la justicia y la asistencia legal; los kits de dignidad, la asistencia en efectivo y con vales; el empoderamiento económico y medios de vida; y la transformación de sistemas y normas sociales.

Todos los estándares programáticos tienen un enfoque centrado en el/la sobreviviente. Esto se traduce en un modelo de atención que sitúa a la persona en el centro: su participación en el proceso, el reconocimiento de sus capacidades, incluido el análisis de su situación, y la toma de decisiones autónoma en todas las etapas del proceso de asistencia. El objetivo es empoderar a las mujeres y desarrollar la resiliencia, por ende se aparta de los modelos más «tutorizados» por los proveedores de servicios.

La creación de un gran número de espacios seguros como lugares de encuentro para contrarrestar los efectos emocionales de la violencia de género, ha sido una parte esencial del trabajo sobre el terreno. Estos espacios forman parte de una estrategia destinada a la protección y el empoderamiento de las mujeres y al desarrollo de la resiliencia individual y grupal frente a la violencia de género. Son lugares formales o informales donde las mujeres y las adolescentes se sienten física y emocionalmente seguras, y donde pueden expresar sus emociones y opiniones. Son espacios para socializar y construir o reconstruir redes sociales, especialmente conexiones y vínculos profundos entre mujeres. En un espacio seguro, pueden recibir información clara sobre los derechos humanos de las mujeres, el apoyo social y el acceso a servicios seguros de respuesta, como apoyo psicosocial, asistencia legal y servicios de salud, que no impliquen un riesgo de revictimización.

Una mujer sobreviviente de violencia de género, y participante de un espacio seguro, escribió:

Hubo un tiempo en el que pensé que no podía… y no pude. Pensé que no sabía nada… y no sabía nada. Pensé que no tendría la fuerza y flaqueé. Pensé que era una carga excesiva y caí. Subestimé mi capacidad y no fui capaz. Hoy, después de recibir apoyo en espacios seguros, creo ahora que puedo. Que sé más de lo que incluso imagino. Que tengo la fuerza que elijo tener. Que no existe una carga que mis hombros no puedan soportar y que puedo ir donde sea que me proponga ir.

El suministro de equipos de protección personal ha permitido continuar prestando servicios presenciales en zonas con problemas de conectividad, pero la respuesta multisectorial también se ha adaptado a una modalidad a distancia. Los servicios en el lugar se prestan en espacios físicos alquilados o arrendados, equipados para tal fin, y mediante misiones a zonas remotas. Dar a conocer la existencia de estos nuevos servicios representa un reto de difusión en sí mismo, mientras que las restricciones de movilidad vinculadas a la COVID-19 y otras particularidades de las zonas fronterizas hacen necesario una promoción local continua, que puede incluir obtener permisos especiales y adaptarse a horarios restringidos a fin de mantener el acceso.

En las zonas fronterizas con Brasil y Colombia, muchas mujeres cruzan las fronteras de ida y vuelta para comprar artículos de primera necesidad para sus familias o productos para revender en mercados informales en sus comunidades. En tránsito, en especial a lo largo de rutas irregulares, corren un alto riesgo de violencia, principalmente sexual. Entre los perpetradores figuran traficantes, hombres que participan en actividades comerciales regulares e irregulares y agentes de las fuerzas de seguridad. Cuando se pregunta a las mujeres en talleres comunitarios sobre su principal miedo al usar estas rutas, la respuesta general es «ser violadas».

Dada la implementación de medidas de distanciamiento social para frenar la propagación de la COVID-19, es esencial contar con tecnologías que permitan la prestación de servicios especializados de respuesta a la violencia de género de manera remota. Cada proveedor de servicios en el Área de Responsabilidad en Venezuela recibió un teléfono móvil y se capacitó en adaptaciones metodológicas para la prestación de servicios a través de llamadas telefónicas, WhatsApp y mensajes de texto. El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha elaborado una guía técnica sobre los servicios a distancia de atención psicosocial especializada para sobrevivientes de violencia de género, que están siendo empleados por múltiples agentes vinculados con la respuesta a la violencia de género en una serie de países.

En Venezuela, los agentes humanitarios están comprometidos a ampliar la respuesta humanitaria y a mejorar sus esfuerzos para prevenir y responder a la violencia de género de una manera que preserve o restablezca la dignidad de las mujeres y las niñas. Esto se efectúa mediante la entrega de kits de higiene menstrual, el apoyo a las mujeres que se encuentran en situación de desplazamiento para que accedan a medios para mantener su higiene personal, los mensajes masivos y la creación de redes de «hermandad» o «sororidad» en espacios seguros que empoderen a mujeres vulnerables y sobrevivientes de violencia de género. Las redes de sororidad permiten que grupos de mujeres se conecten en un espacio físico seguro o a través de un canal seguro como WhatsApp. La empatía, el respeto y la comprensión crecen entre las mujeres de la red a medida que descubren que otras mujeres del grupo han sufrido experiencias similares a las suyas.

Creemos firmemente que los servicios de atención de salud sexual y reproductiva, incluido el suministro de anticonceptivos, la atención obstétrica de emergencia y la atención clínica para las víctimas de violencia sexual, así como los servicios que rescatan y restablecen la dignidad de las mujeres y las niñas, son tan importantes como cualquier otro servicio humanitario para proteger a las personas y salvar vidas.

Jorge Gonzalez Caro es el representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela.