Crisis climática y desplazamiento en Venezuela

El cambio climático agravará las peores crisis de desplazamiento del mundo. Venezuela ya registra más de 5,9 millones de refugiados y migrantes, además de millones de personas desplazadas internamente en 2021. Esto representa aproximadamente el 20 % de la población del país —un poco más de 28 millones—. Se ha observado un aumento del 8000 % en la cantidad de venezolanos que solicitan la condición de refugiados desde 2014; la mayor parte de las solicitudes se presentaron en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Argentina. La mayoría de los analistas de Venezuela atribuyen los flujos de desplazamiento interno y a través de las fronteras al agravamiento de la gestión política, al deterioro económico y al aumento de la violencia. Si bien el cambio climático y los eventos meteorológicos extremos no suelen considerarse como un factor que incide en las decisiones relativas al desplazamiento, esto podría estar cambiando.

Los datos sugieren que Venezuela está experimentando impactos y tensiones climáticos acelerados y crónicos, algunos de los cuales son tenidos en cuenta por las personas a la hora de decidir si quedarse o abandonar el país. Uno de los más importantes es la sequía grave y prolongada. Las temperaturas promedio del país han aumentado significativamente en los últimos años. Las precipitaciones se redujeron drásticamente, entre un 50 % y un 65 %, del 2013 al 2016. Además de afectar la producción agrícola, esto ha reducido significativamente los niveles de agua en las principales instalaciones hidroeléctricas, incluida la de Guri Dam en Bolívar. El golpe combinado a la dependencia de la energía hidroeléctrica y la baja en los precios del petróleo provocó efectos en cadena, entre ellos, cortes de electricidad programados y racionamiento del agua y la electricidad en Caracas. La respuesta del Gobierno del presidente Nicolás Maduro fue la implementación de fines de semana obligatorios de tres días para ahorrar energía. El clima adverso se ha convertido en otra de las miserias que impulsa a los venezolanos a armar sus valijas y a marcharse por decenas de miles.

Venezuela también se encuentra padeciendo un aumento acelerado del nivel del mar. El aumento del nivel del mar puede provocar el desencadenamiento de inundaciones graves en zonas costeras, en el lago de Maracaibo, La Vela de Coro, Chichiriviche, la costa de Barlovento, el delta de Amacuro y el delta del Orinoco, entre otros. Decenas de miles de personas indígenas de Venezuela están en riesgo de perder sus hogares debido a la crecida de los mares. Los científicos han advertido durante décadas (la  primera evaluación cuantitativa data de 1995, seguida por otro estudio realizado en 1997) que la infraestructura petrolera, las zonas urbanas y la infraestructura turística se verían afectadas, y en especial se verían amenazadas las regiones de Costa Oriental del Lago de Maracaibo y Costa Oriental del estado Falcón.

Una gran parte del problema es que las autoridades venezolanas no están previniendo ni el alcance de los desplazamiento ni los riesgos climáticos a los que se enfrenta el país. Si bien Venezuela es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, el Gobierno ha ocultado sistemáticamente o no ha sido capaz de recopilar estadísticas y estudios sobre los diversos biomas, lo que dificulta extremadamente el cálculo, y mucho más la protección, de los ecosistemas vulnerables del país. Durante los últimos diez años, las investigaciones y los datos medioambientales básicos a largo plazo han sido eliminados de los sitios web públicos, incluidas las evaluaciones sobre deforestación, vida silvestre, calidad del agua y del aire y contaminación. Alrededor de 50 de las 335 estaciones meteorológicas del país se encuentran actualmente inoperables, lo que dificulta el seguimiento y el pronóstico de temperaturas o precipitaciones.

Debido a la ausencia de medidas gubernamentales, organizaciones internacionales y activistas locales están recopilando datos respecto al alcance de los riesgos climáticos. La Unidad de Investigación Climática del Banco Mundial divide al país en cinco «grupos climáticos» para comprender mejor las precipitaciones estacionales y los patrones de temperatura. El Banco Mundial, entre otros, han observado la manera en que Venezuela ya perdió cuatro de sus cinco glaciares desde principios de la década de 1990: se prevé que el glaciar Humboldt que aún queda desaparecerá en un plazo de 20 años. Esto posiblemente convertirá a Venezuela en el primer país de la Tierra en perder todos sus glaciares. El retroceso acelerado de la capa de hielo está afectando los ciclos y la disponibilidad del agua, aunque el Gobierno espera que de alguna manera (que se desconoce) el «enfriamiento mundial» pueda revertir estas tendencias. Algunas universidades e institutos de investigación también están siguiendo de cerca otras métricas de cambio climático, pero con datos poco sistemáticos.

Mientras tanto, la minería extensiva, así como la extracción y derrames de petróleo están contaminando el medioambiente. El Arco Minero del Orinoco de Venezuela abarca alrededor del 12 % del territorio nacional; desde el 2000 se han deforestado más de 780 000 hectáreas de bosque en la zona, lo que constituye una amenaza contra el Amazonas. La minería ilegal se ha expandido a los parques nacionales, incluido el Yapacana y Canaima, lo que contamina el medioambiente y contribuye a aumentar la violencia delictiva y paramilitar contra las poblaciones locales. El lago de Maracaibo, ubicado sobre la costa del Caribe, es una zona de desastre ecológico. Hay indicios de una significativa reducción de especies de peces y aumento de la toxicidad, tanto en el agua como en los habitantes locales. Aunque la empresa petrolera estatal PDVSA dejó de informar los derrames de petróleo en 2016, la cantidad de accidentes denunciados únicamente en ese año fue cuatro veces mayor a la de 1999.

Los delitos contra el medioambiente perpetrados en Venezuela comprenden una amplia variedad de grupos armados. Entre ellos se encuentran los denominados «sindicatos» y «pranes», grupos delictivos violentos que tienen una gran influencia en zonas ricas en recursos. Muchos de los sindicatos están financiados y apoyados por élites poderosas —políticos, funcionarios públicos y soldados— que prosperan en economías delictivas. Además de estos grupos locales, están las guerrillas colombianas que a veces prestan apoyo a las fuerzas armadas y otras a los sindicatos mineros. Debido al aumento del valor del oro, es común que se produzcan enfrentamientos violentos en zonas de prospección exploratoria en el flanco sur del país. La suma de la violencia delictiva asociada con la apropiación de tierra, la explotación depredadora de recursos y el impacto devastador de la pandemia en la vida y en los medios de subsistencia dan como resultado una trifecta de miserias que precipita la emigración de Venezuela. 

La comunidad internacional se esfuerza por responder a la doble crisis de desplazamiento y cambio climático. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Unión Europea se encuentran trabajando con los Gobiernos de la región para proporcionar alimentos y alojamiento a los venezolanos desplazados. Esto incluye mejorar las condiciones de los países receptores, brindar información sobre los servicios, asistir a los recién llegados con la documentación y luchar contra la creciente discriminación y la xenofobia por parte de las comunidades de acogida. Estos mismos organismos de ayuda también están aumentando las operaciones en la frontera para terminar con la trata y la explotación de personas, incluidos menores y niños no acompañados.

Con el apoyo de los Gobiernos, el ACNUR está respaldando las medidas de registro en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, así como en Aruba, Costa Rica, Curazao, Guyana, Panamá y Trinidad y Tobago. Muchos de estos países han experimentado un impresionante crecimiento de solicitantes de la condición de refugiado, lo que genera una gran presión para los servicios locales y tensiona la hospitalidad local. Colombia se ha visto afectada de manera desproporcionada, ya que es el refugio de uno de cada tres venezolanos desplazados en América Latina, donde la multitud de refugiados han sido recibidos con una ayuda oficial mínima y promesas de vacunas contra la COVID, pero también con una creciente xenofobia. La respuesta a la crisis de desplazamiento se está haciendo cada día más complicada, ya sea por las conflictivas emergencias geopolíticas y nacionales tras la COVID o por el deterioro de la seguridad alimentaria a causa del cambio climático.

Tampoco ayuda que el Gobierno venezolano haya demostrado una capacidad o disposición limitada para responder a la crisis climática. Con algunas de las reservas de petróleo y gas más grandes del mundo, la élite gobernante de Venezuela tiene pocos incentivos para cumplir las normas que restringirían la producción. A esto se suma la conciencia o interés relativamente limitado sobre las principales amenazas del cambio climático, como el incremento de las temperaturas, el aumento del nivel del mar y el deshielo de los glaciares. A pesar del presagio existencial, estos temas fundamentales tienen una escasa mención por parte de las autoridades públicas o en el sistema educativo. El Gobierno también ha cerrado o reducido la cantidad de agencias cuya función era aplicar la política medioambiental. Las autoridades sólo han emitido dos comunicaciones sobre las emisiones desde la década de 1990: una en 2005, basada en datos de 1999, y otra en 2017, con datos de 2010. 

Frente al aumento de protestas por los delitos medioambientales nacionales, el Gobierno de Maduro lanzó medidas enérgicas en 2018 denominadas, de manera insinuante, «Manos de Metal». Sin embargo, solo un puñado de personas han sido arrestadas por delitos asociados con la minería ilegal. Es posible que la causa de esto sea que la mayoría de los actores más importantes son funcionarios gubernamentales, que están profundamente involucrados en la obtención de rentas a partir de la deforestación y la minería ilegales. En cambio, han dejado de informar de manera gradual, incluso sobre los indicadores de salud medioambiental. Después de todo, ¿por qué preocuparse por un problema que nadie ve?

Robert Muggah es cofundador del Instituto Igarapé y jefe del SecDev Group. Lycia Brasil es investigadora del Instituto Igarapé. Mac Margolis es escritora residente del Instituto Igarapé.