HumVenezuela: La sociedad civil venezolana y el derecho de acceso a la información pública
- Issue 80 La compleja emergencia humanitaria en Venezuela
- 1 HumVenezuela: La sociedad civil venezolana y el derecho de acceso a la información pública
- 2 Migración venezolana: seis años de avances y desafíos en la respuesta del Estado colombiano
- 3 Pueblos indígenas binacionales en la frontera entre Colombia y Venezuela: derechos fundamentales no reconocidos
- 4 Salvar vidas y proteger a las mujeres: salud sexual y reproductiva como parte fundamental de la respuesta humanitaria
- 5 Violencia de género en un contexto de migración: un estudio de caso de Norte de Santander
- 6 Personas LGBTI venezolanas viviendo con VIH en Colombia: la necesidad de una respuesta humanitaria integral e inclusiva
- 7 La salud mental de las personas trans migrantes en Colombia durante el COVID-19
- 8 Tiempos de COVID-19: superar la participación comunitaria enfocada en un solo tema en la crisis migratoria venezolana
- 9 Las ONG + el periodismo: una alianza innovadora que apoya a los migrantes venezolanos en Colombia
- 10 Comunicación con poblaciones en movimiento en la crisis humanitaria de Venezuela: ¿pueden las redes sociales ofrecer un medio de ayuda vital?
- 11 Dos proyectos piloto de transferencia en efectivo para asistir a personas en tránsito
- 12 Integración de la protección y la asistencia en efectivo para migrantes venezolanos en Colombia
- 13 Crisis climática y desplazamiento en Venezuela
Desde el principio, la respuesta humanitaria en Venezuela se ha visto afectada por la falta de acceso a la información pública. De hecho, fueron las organizaciones de derechos humanos venezolanas las primeras en advertir, a fines de 2015 y principios de 2016, que el país se enfrentaba a una crisis humanitaria, basándose en una amplia documentación sobre violaciones a los derechos humanos. En ese momento, el Estado venezolano tenía la obligación de actualizar varios informes para presentar a los órganos de tratados de las Naciones Unidas, además de pasar por el segundo ciclo del examen periódico universal. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había concedido audiencias a organizaciones de la sociedad civil para tratar las violaciones de derechos. Los informes alternativos y de seguimiento sobre la situación de los derechos humanos presentados por más de 150 organizaciones mostraron claramente que la gravedad y la magnitud de los perjuicios sufridos por la población venezolana, en términos de acceso a los alimentos, a los servicios sanitarios y a los medios de subsistencia, se correspondía con una crisis humanitaria.
En ese momento, la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO, por sus siglas en inglés) también estaba elaborando sus propios documentos, que corroboraban los problemas planteados por las organizaciones venezolanas. No obstante, varios organismos de las Naciones Unidas en el país no informaron acerca de la situación que ya era evidente o se basaron en información oficial que no mostraba la realidad. En julio de 2016, más de 80 organizaciones enviaron una carta al entonces Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, en la que expresaban su «indignación y rechazo al comportamiento y al silencio de varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, en especial aquellas responsables de la salud y la alimentación (…) en un contexto de incremento acelerado de la pobreza, de fragilidad económica y social, de inestabilidad política e institucional, así como ante la masiva y grave escasez de alimentos, medicamentos e insumos médicos en toda Venezuela y la ausencia de capacidades internas para resolver esta situación a medio plazo». La carta concluía advirtiendo que «el sistema de las Naciones Unidas no puede continuar incumpliendo sus responsabilidades en Venezuela para evitar consecuencias irreparables como la pérdida de vidas y una mayor intensificación del deterioro de las condiciones alimentarias y sanitarias, que afecta especialmente a la población más vulnerable, si no se implementa lo más rápido posible un mecanismo de cooperación y asistencia internacional de carácter humanitario». En el siguiente agosto, en una entrevista con el periódico argentino Diario la Nación, Ban Ki-moon expresó su preocupación «por la situación actual, en la que no se pueden satisfacer las necesidades básicas (…) no se dispone de alimentos, agua, saneamiento y ropa. Eso genera una crisis humanitaria en Venezuela. La inestabilidad política ocasiona toda esta situación. Y, en primer lugar, debe haber estabilidad política. Las Naciones Unidas están dispuestas a ayudar, pero las potencias y los organismos regionales ya están comprometidos».
Los cambios en la dirección de algunos organismos empezaron a producir una respuesta, pero recién cuando oleadas masivas de personas se vieron obligadas a migrar entre 2016 y 2017, principalmente a Colombia, se comprendió que Venezuela se enfrentaba a una emergencia humanitaria y que era imprescindible una respuesta. Cuando el Gobierno venezolano finalmente admitió la gravedad de la situación y autorizó la instalación formal de la arquitectura humanitaria de las Naciones Unidas en Venezuela a mediados de 2019, las organizaciones de la sociedad civil venezolana hacía ya tres años que implementaban sus propios programas humanitarios, con el apoyo de ECHO y de donantes, como Canadá, Estados Unidos y varios países europeos.
La implementación inicial de los programas humanitarios se basó en información reunida sobre el terreno por las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela. La falta de datos esenciales, así como la renuencia del Gobierno venezolano a admitir la magnitud y la complejidad de las necesidades humanitarias, provocaron retrasos en la publicación del primer plan de respuesta humanitaria y el panorama de necesidades humanitarias en 2019, e impidieron la publicación oportuna de los planes posteriores en 2020 y 2021. Estos se publicaron en el segundo semestre de cada año y han mantenido una cifra constante de 7 millones de personas que necesitan asistencia, que no se corresponde con otros análisis, incluso del propio sistema de las Naciones Unidas. La publicación de parte de los resultados de un estudio sobre el terreno realizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) entre julio y septiembre de 2019 fue de suma importancia. A pesar de la resistencia del Gobierno venezolano, los datos recopilados por el estudio mostraban claramente que 9,3 millones de personas (el 32 % de la población) se encontraban en una situación de inseguridad alimentaria aguda, con el riesgo de que 17 millones más (casi el 60 %) pudieran verse afectadas. Unos meses después llegó la pandemia de coronavirus.
Es posible que esta carencia de datos sea parte de la razón de la escasa financiación de los planes de respuesta humanitaria. Si se compara la financiación global de los planes de respuesta humanitaria registrados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en el sistema de seguimiento financiero, es posible observar que, de los 23 planes globales en 2019, Venezuela recibió el 33,8 %, la segunda proporción más baja de fondos solicitados después de Haití. En 2020 fue otra vez el segundo con menos financiación de los 25 planes globales. En 2021, el plan de Venezuela recibió una financiación del 36 %, entre los 10 planes globales menos financiados de un total de 30.
Sin información no es posible adoptar decisiones para activar, planificar, implementar y evaluar acciones para responder adecuadamente a una crisis. Los efectos a gran escala y multidimensionales de la mayoría de las emergencias complejas requieren datos con cierto nivel de agregación, a fin de obtener un panorama de la magnitud y de las dimensiones de estas crisis. Los datos deben presentarse suficientemente desglosados con el objetivo de identificar las necesidades y vulnerabilidades específicas de los diferentes grupos.
En Venezuela, la recopilación de información suficiente y oportuna sobre el impacto, la respuesta y la complejidad de la emergencia ha implicado a múltiples agentes y esfuerzos conjuntos dados los efectos de la emergencia en los sistemas de información nacional y locales. Durante varios años no se han publicado datos estadísticos ni documentos gubernamentales en Venezuela, y la información de fuentes independientes es censurada o bloqueada. Obtener información precisa es aún más problemático en las zonas de Venezuela de difícil acceso o en las que las autoridades han restringido el acceso a las poblaciones afectadas.
La necesidad urgente de información fiable acerca de la emergencia impulsó a un grupo de organizaciones venezolanas a crear HumVenezuela en 2019. El objetivo de HumVenezuela es proporcionar información pertinente sobre la situación de las personas afectadas por la compleja emergencia humanitaria en Venezuela, y así contribuir a las evaluaciones que determinan su perfil, magnitud, dimensiones y necesidades de respuesta.
HumVenezuela supervisa información existente y genera sus propios datos de investigación para medir categorías e indicadores estandarizados sobre la situación humanitaria. La información recopilada se somete a un proceso riguroso de revisión y verificación de calidad, consistencia y coherencia. Los datos se registran en cada dimensión y categoría según los criterios de agregación y luego se desglosan de acuerdo con los niveles de deterioro o gravedad que muestran los propios datos. Toda la información correspondiente a los datos y sus fuentes está disponible en tablas descargables de Excel en el sitio web. Hay cuatro fuentes de información:
- Registros y estadísticas sectoriales. Se revisaron más de 8000 fuentes de agentes locales, nacionales e internacionales, tanto oficiales como independientes. Las fuentes utilizadas comprenden estudios e investigaciones, registros, alertas de seguimiento y situación y estadísticas, y se indican en tablas de datos que pueden descargarse en el sitio web de HumVenezuela.
- Consultas con agentes informados. Durante el proceso de investigación, 25 de las organizaciones que participan en HumVenezuela consultaron a agentes que trabajan en sectores o zonas específicas en las que había escasez de datos. Un equipo interdisciplinario coteja y valida todos los datos y las pruebas recopilados para garantizar un análisis más preciso e integral y facilitar el consenso sobre la mejor manera de responder a las necesidades identificadas.
- Diagnósticos comunitarios. Las mediciones se basan en datos recopilados sobre el terreno mediante diagnósticos comunitarios en 16 estados venezolanos. Las evaluaciones se llevaron a cabo entre mayo y junio de 2021, para recoger datos sobre el acceso a los alimentos, el agua y otros servicios básicos, la educación, la salud, la movilidad humana, la violencia y los problemas de la comunidad. Un total de 4489 personas fueron encuestadas e informaron sobre sus grupos familiares, lo que permitió recoger datos relativos a 15 175 personas. La muestra incluía diferentes poblaciones, como mujeres, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas de pueblos indígenas, personas LGBTI, productores y campesinos, y personas con enfermedades crónicas y agudas, incluida la COVID-19.
- Información demográfica. En cuanto a los datos de población e información demográfica, HumVenezuela utiliza las estimaciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), ya que las proyecciones del censo oficial de Venezuela no consideran el impacto de la migración en el tamaño y la composición de la población y los hogares venezolanos.
Los datos del sitio web de HumVenezuela están destinados a ayudar a garantizar que las respuestas sean proporcionales a la situación y que los agentes con poder de decisión cumplan con el requisito de incluir a todas las poblaciones afectadas en las respuestas. Los datos y los indicadores pueden consultarse y descargarse directamente del sitio web de HumVenezuela, junto con representaciones gráficas de los resultados más relevantes. La información proporcionada por HumVenezuela puede seguirse a través de sus dos cuentas de Twitter, en español e inglés: @HumVenezuela y @HumVenezuela_en.
Feliciano Reyna Ganteaume es el fundador y presidente ejecutivo de Acción Solidaria, que trabaja para reducir el impacto social de la epidemia de VIH en Venezuela y en otros países de habla hispana. También fundó y es un agente clave en otras iniciativas de la sociedad civil sobre derechos humanos en Venezuela, como CodeVida y Civilis Derechos Humanos y forma parte de la Junta Directiva del ICNL.
Comentarios