La crisis de las minas antipersonal en Colombia

Las minas antipersonal y los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) matan o hieren a aproximadamente 1,000 colombianos cada año; más que en cualquier otro país del mundo. Por ello, el Gobierno y la comunidad internacional han intentado acabar con este tipo de armas y asistir a las víctimas. La Vicepresidencia de la República actúa como coordinador de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal, grupo compuesto por 14 instituciones estatales que ha desarrollado un programa especial para abordar este tema. Así mismo, el Gobierno Central ha aprobado un número significativo de leyes, programas, procesos y procedimientos relacionados con el problema de las minas, y se ha adherido a la normativa internacional que prohíbe la producción, el almacenamiento y el uso de este tipo de armas. Varias ONG nacionales e internacionales trabajan simultáneamente para apoyar a las víctimas de las minas y para reforzar la capacidad del Gobierno para hacer frente al problema. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, los grupos armados ilegales del largo conflicto colombiano continúan sembrándolas a lo largo del país, con efectos devastadores para la población civil.

Un país con miedo

El conflicto armado colombiano ha desangrado al país durante casi cinco décadas. Las organizaciones guerrilleras y paramilitares están presentes en 31 de los 32 departamentos de la nación y  mantienen sus operaciones militares  gracias al control de la población y la tierra, muchas veces utilizando AEI. La estrecha relación entre el conflicto armado colombiano y el narcotráfico ha favorecido, por otro lado, el uso de minas con el fin de controlar el territorio y permitir el cultivo, el procesamiento y la distribución de narcóticos. Las medidas adoptadas por el Gobierno para restringir y prevenir el tráfico de drogas, incluyendo la erradicación manual de cultivos y la destrucción de laboratorios para el procesamiento de narcóticos, han provocado el aumento de artefactos explosivos que los grupos armados no estatales usan para proteger cultivos y laboratorios.[2]

Como las minas antipersonal son costosas y difíciles de obtener, las guerrillas y los grupos paramilitares suelen preferir las minas “caseras” (o AEI) que son mucho más inestables y difíciles de ubicar que las minas convencionales. Estos artefactos explosivos son normalmente colocados como blancos específicos y de forma oportunista, es decir, su emplazamiento depende de las valoraciones que los grupos armados hagan respecto al tránsito de tropas enemigas. Así,  los artefactos que quedan sembrados después de un ataque y que afectan a los civiles son remanentes aislados. De cualquier forma, esto no disminuye el sufrimiento que causan los explosivos residuales, e incluso puede dificultar futuros intentos de retirar o desactivar las restantes minas.

La ofensiva militar del Gobierno colombiano contra los grupos armados no estatales, lejos de desalentar la utilización de este tipo de armas, la ha incrementado, pues al ser estos grupos forzados a cambiar constantemente de posición,  la identificación de campos minados resulta más difícil. Los límites del campo de batalla se han vuelto, de este modo,  aun más difusos, trasladándose hacia contextos públicos como centros de población y vías usadas por civiles, en los que los combatientes no son fácilmente identificables.

Las minas antipersonales y los AEI, junto con otros efectos del conflicto armado, han creado una sensación de miedo en la población afectada.  La gente teme viajar dentro de su región, lo que restringe el acceso a servicios públicos como salud y educación, así como a la satisfacción de sus necesidades básicas como comida y agua.  Cuando el daño causado por las minas se suma a los otros aspectos negativos del conflicto como desplazamiento, reclutamiento y aislamiento de poblaciones enteras, la crisis se hace insostenible.

En Colombia persistentemente se ignoran los derechos y libertades de la población que no participa activamente en el conflicto,  mientras la “dramática espiral de violencia que afecta a todos los sectores de la sociedad, socava los cimientos mismos del Estado, y conmueve a la comunidad internacional por entero”. [3] Las minas, junto con las masacres, asesinatos, secuestros y detenciones, crean una atmósfera de miedo, intimidando diariamente a miles de colombianos y forzándolos a abandonar sus tierras y su historia. No es sorprendente, por ello, que exista una estrecha relación entre la victimización por minas y el desplazamiento forzoso y, aunque se desconozca el número exacto de afectados, muchos de los más de tres millones de desplazados colombianos son también víctimas de minas antipersonales o AEI.

Respondiendo en medio del conflicto

En la práctica, el Ejército es la única entidad autorizada para iniciar operaciones de desminado en Colombia, lo cual es problemático pues estas operaciones siguen una lógica militar en lugar de una humanitaria. Así, por ejemplo, la detonación controlada de minas halladas por el Ejército durante incursiones militares se interpreta como alerta para otros grupos armados de la presencia de tropas estatales. Por razones similares, las Fuerzas Militares evitan hacer pública la localización de campos minados descubiertos. A principios del 2009 se dio, sin embargo, un paso positivo importante, al aceptar el Gobierno colombiano la participación de organizaciones civiles en procesos de desminado.  Aunque esta política no se haya materializado todavía en la práctica, debería asegurar, en principio, la consideración de la lógica humanitaria sobre la militar.

Responder a la situación creada por las minas es difícil debido a la naturaleza del conflicto colombiano, que es dinámico y cambiante en intensidad y localización. Algunas regiones han sido controladas durante años y de manera alternativa por distintos grupos armados ilegales.  Por otro lado, es habitual que regiones “recuperadas” por el Estado caigan de nuevo presas del conflicto. Por ejemplo, aunque el Gobierno haya declarado recientemente haber derrotado a los insurgentes en la Sierra Nevada de Santa Marta y los Montes de María, ambas regiones se han visto envueltas en nuevos enfrentamientos armados. Otras zonas del país sufren un conflicto menos dinámico, caracterizado por combates permanentes. Por consiguiente, en Colombia coexisten simultáneamente regiones en crisis, en transición y en recuperación.  Como resultado, aunque es posible proporcionar asistencia a algunas de las víctimas de minas, la naturaleza cambiante del conflicto hace que muchas veces éstas sean afectadas de nuevo. Entretanto, los esfuerzos de desminado que buscan reducir el riesgo al que se enfrentan los civiles deben afrontar la realidad de que los  grupos armados no estatales continúan sembrando minas.

El desafío es, por lo tanto, enorme. En medio del conflicto, el Estado es responsable de eliminar el miedo y el daño producido por las minas. Con este fin, el Ejército debe llevar a cabo costosos procesos de desminado mientras guerrillas y paramilitares siguen colocando nuevos artefactos explosivos. También es una responsabilidad estatal el identificar y asistir a los supervivientes de explosiones de minas, que muchas veces se esconden por miedo o se confunden entre las otras muchas víctimas del conflicto y la población civil en general. Asimismo, el Estado necesita asegurar la restitución de los derechos de aquéllos que han sido afectados por la violencia y garantizar su seguridad, mientras continúa participando en un conflicto cuyo fin es incierto.

Ana María Arango Domínguez es Gerente de Proyectos del Information Management and Mines Action Program  -iMMAP en Colombia.

[1] Traducido al español por Juan Pablo Caicedo, Universidad Jorge Tadeo Lozano (diciembre 2009)

[2] Para mayor información sobre la relación entre conflicto armado y narcotráfico, ver Ana María Díaz and Fabio Sánchez, Geografía de los Cultivos Ilícitos y Conflicto Armado en Colombia. Documentos, CEDE 002766: Universidad de los Andes-CEDE, 2004.

[3] Organización para los Estados Americanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa No. 20/97, Informe anual de la comisión interamericana de derechos humanos 1997, OEA/Ser.LVII.98, Doc. 7 rev. Washington DC: OEA, 1998, p. 1,153.